23/febrero/2017
Un hombre con 53 años, está pendiente de ir a juicio en los
primeros días de marzo, acusado de homicidio simple ocurrido cerca de un año atrás.
Una situación cotidiana, donde un partido de futbol por TV
en un bar, con exceso de cervezas y de expresiones fanáticas terminaron en una
tragedia para dos personas: la víctima y el victimario.
Los dos fueron inconscientes protagonistas del peor momento
de sus vidas.
Hoy uno está muerto y el otro enfrenta la tortura de su
propia conciencia, mientras pasa sus días en esta cárcel argentina que nos
encierra sin tregua ni descanso.
Después de haber sido engañado por su primer defensor
particular; tanto este hombre como su familia, decidieron encomendarse a los
servicios profesionales de la Defensoría Pública. Y es así como a menos de diez
días para ir a juicio oral, y enfrentar una condena que va de ocho a
veinticinco años, se encuentra con la renuncia del abogado oficial designado, y
la incorporación de otro que desconoce el expediente en su totalidad….
Tanto el primer defensor privado, como el oficial, no presentaron
en la causa absolutamente ningún descargo; y tampoco consideraron oportuno que
el imputado prestara declaración indagatoria, y pudiese así dar su versión de
los hechos, que distan totalmente del relato de acusaciones de la querella y la
fiscalía.
Yo hoy no pretendo analizar en esta nota las circunstancias
ni los hechos ocurridos. Tal vez resulte materia para otra nota, donde se pueda
tratar de entender que en ocasiones una muerte violenta no es más que el desenlace
fatal sellado en la mala fortuna de la víctima y el victimario.
Pero quiero llamar la atención del pensar y del actuar de
los funcionarios judiciales que representan a la Defensoría Oficial. Son
funcionarios que sin tener en cuenta las consecuencias de su modo de actuar en
defensa de una persona acusada de homicidio; pero que tiene el derecho
innegable de ser defendido con dedicación y acierto; queda en la más absoluta
indefensión, porque desde la primera foja del expediente hasta la renuncia y
cambio del defensor oficial, no existe un escrito que cuide los intereses del
imputado.
Volvemos a encontrarnos con un caso comparable a los que
llenaron libros, cuando era la Santa Inquisición la que conducía los juicios de
los ciudadanos comunes.
El imputado y su familia fueron estafados económicamente por
un abogado particular que solo se preocupó de cobrar un dinero sin presentar
defensa en el expediente. Más tarde fueron también estafados procesalmente por
la desidia mostrada por el equipo de la Defensoría Oficial, que cobran
importantes remuneraciones del Estado sin rendir cuentas de su dedicación y
accionar en pro del ciudadano imputado.
El Sistema Judicial siempre encuentra solución a sus errores
y a sus horrores entregando el presente y el futuro de muchos a sus
resoluciones arbitrarias, nulas, ilegales, infundadas, o algunas acertadas que
les permiten seguir manteniendo su innoble e injusto PODER.
Valentin Temes Coto.
ESTA COPIADO DEL ESCRITO HECHO POR VALENTIN
Lolo Temes Coto.
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