Hola.
Esta mañana regresando del Edificio de Comodoro Py, me hice una reflexión en
cuanto a la nada, inexistente y nula credibilidad que tiene la justicia de
Argentina dentro del mismisimo poder judicial en las personas que de verdad son las
que trabajan en los expedientes, o sea, aquellas personas empleados/as que
ganan unos mangos para ir viviendo el día a día, mientras sus superiores ganan
bien y encima reciben “dádivas”.
Pues bien, en mi peregrinar desde
hace tiempo por los edificios judiciales y otras dependencias
oficiales, vengo escuchando reiteradamente la opinión de acudir a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, para que de alguna manera podamos conseguir
justicia, y así de claro me dicen.
En mis visitas a Valentín, coincido
con varios profesionales penalistas que también visitan a otros internos –y como esta
causa es muy conocida- igualmente me indican acudir a la Corte Interamericana,
lo que ratifica asimismo el deterioro escéptico a que llegó el poder judicial
en Argentina, pues si los nacionales tienen este concepto, que nos queda a los
extranjeros.
Hoy fue la gota que colmó el vaso
en Comodoro Py 2002 –de ahí mi reflexión-, pues escuche de nuevo este mismo consejo de alguien relacionado con el expediente en vía penal, y percibí su comentario de forma sincera.
Con este prólogo, paso a la
conclusión que me afloró en la mente como reflexión; veamos.
Se entiende
perfectamente por conocimiento propio, que la justicia verdadera en Argentina no existe, es decir, que
solo se aplica cotidianamente la justicia corrupta de los poderosos abusando de
los débiles, pues al parecer es de conocimiento general dentro del mismo poder
judicial que aparece la verdad cuando la Corte Interamericana de Derechos
Humanos actúa y “le tira de las orejas” a los mandatarios de Argentina, y ahí si
es cuando hacen lo que antes no quisieron unos y encubrieron otros. ¿Se
entiende, verdad?
Existe otra
organización conocida como PROYECTO INOCENTE ARGENTINA, que tiene como
finalidad precisamente el revisar las sentencias firmes que los afectados
denuncian como irregulares. Otra demostración evidente de cómo funcionan los
administradores judiciales en este País.
Por mi parte, ya
hay contacto con ambas instituciones, si bien Valentín no tiene sentencia firme a día de hoy; firmeza que nunca podrá confirmarse por las denuncias penales
en trámite desde hace casi cinco años y, las nuevas que venimos presentando una y
otra vez, pero los juzgados federales las demoran sistemáticamente porque los imputados son sus propios colegas de la familia judicial.
Es un circulo vicioso, Valentin esta a disposición del Tribunal Oral Penal Económico nº 3, que a su vez sus integrantes -Jueces Perilli, Imas, Losada y el Secretario Re- están imputados en varias querellas de Valentin en Juzgados Federales Criminales y Correccionales.
Cuando los afectados apelan a
estos dos entes antes mencionados, y logran la finalidad perseguida de su inocencia,
la cantidad de años sufridos en cautiverio ya es elevada –cinco, seis, siete, ocho…….años,
por comentarios escuchados-, pues aun dependiendo de una revisión de sentencia
que la Corte Suprema de Justicia resuelva –y en el supuesto dudoso que resulte
satisfactoria justiciablemente-, el tiempo también es de años, puesto que de
esta instancia si se conocen casos concretos, e inclusive alguno fue llevado al
cine.
La Corte Suprema de Justicia de
la Nación Argentina, tiene conocimiento de todo este actuar nuestro que se
encuentra en la vía penal, así como de las Nulidades Absolutas -02/02/2015 y 15/06/2015-
que dolosamente dejaron sin tratar el TOPE3 y la Sala II de Casación. Por ende, sin resolver estas dos presentaciones
y con las querellas penales en pleno trámite, la Corte Suprema no puede dejar firme la
sentencia que está recurrida en tiempo y forma desde el día 08 de Marzo de
2016.
¿Cómo se puede normalizar esta
situación de desamparo?
Es la gran duda, y ahí queda en
el aire flotando esta incertidumbre.
Lolo Temes Coto.
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