Dr. MARIANO BERGES

Segundo Comentario (julio 2014).

Mi aporte al blog en esta ocasión se relaciona con la visión desde la perspectiva de ex magistrado, sobre algunos comportamientos de jueces y fiscales en este proceso.

En causas de esta magnitud, diría que como regla general (salvo excepciones que precisamente justifican la regla), los jueces tienen una idea previa. Esto es, concretamente: que antes de empezar el juicio ya tienen en mente si van a condenar o absolver al o los imputados.

Eso no está bien, se entiende. Pero sucede.

En este proceso, ese preconcepto se advirtió desde mucho antes del comienzo del juicio oral y público. Al punto que en un momento entendí que era imposible defender a un inocente, porque ni siquiera se permitiría probar esa inocencia. No ya que el Fiscal probara los términos de la acusación, que es lo que corresponde.

La renuncia provocó un revuelo mayúsculo. Se la había adelantado verbalmente al Juez Imas, Presidente del Tribunal, y al amanuense secretario Hernán Ré. Ya explicaré en otro envío el porqué del término amanuense. Les dije a los dos en el despacho de aquél, que si la instrucción suplementaria (importante por cierto) no estaba finalizada, el juicio no podía dar inicio y, de ser así, renunciaría al cargo por flagrante violación al derecho de defensa. Para los que no conocen de derecho procesal penal, la instrucción suplementaria se trata de una serie de medidas que se ordenan para completar una investigación que el juez instructor no hizo. Como en este caso Brugo no había dispuesto prácticamente ninguna medida de prueba útil de las más de 50 que habían solicitado las partes (incluso la Fiscalía y la querella), hubo que pedirlas en el Tribunal Oral. Se ordenó casi todo lo pedido cuando la Presidencia estaba a cargo del Juez Artabe.

Este Artabe, es interesante hacer saber, es el mismo que tuvo que renunciar por denuncias de corrupción en su contra relacionadas con distintos expedientes, entre los cuales se hallaba éste. Podremos volver más adelante si algún lector lo desea, sobre este tema.

Cuando Artabe renunció, apareció en escena el Juez Losada. Ya escribiremos, con ejemplos concretos, sobre su rígida, arbitraria y despótica personalidad detrás de su imagen de intelectual abarbado y supuestamente tolerante. De adverso, él fue quien rápidamente le dio al proceso un tinte totalmente diferente del que llevaba en el TOPE, donde se habían aceptado todas las medidas propuestas por las partes, y a partir de su presión sobre el Juez Imas, se dispuso iniciar el juicio oral de cualquier forma.

Se violó para ello el artículo 359 del Código Procesal Penal que establece que la instrucción suplementaria debe estar finalizada antes de iniciado el debate, incluso previo a la fijación de la audiencia. En este caso además, era esencial y para nada dilatorio.

Además, amenazó a los abogados con sancionarlos si se pasaban de la raya. Pero esa raya o límite, no era una situación objetiva, sino que simplemente fue la que a él se le antojó, y por ello, los profesionales, a partir del ingreso de este magistrado a la causa, no pudieron defender a sus asistidos con el tesón, energía y coraje mínimos que el caso demandaba. Esto surge con claridad de la lectura del expediente. No es invento ni cuento para los lectores.

Salvo también excepciones muy contadas, los abogados no suelen enfrentarse al sistema, y menos a los jueces. Los miedos e inquietudes los rondan permanentemente y desisten de denunciarlos o cuestionarlos en las audiencias públicas.

Recuerdo la admonición que Losada les hizo a los abogados de los tres imputados (ya había yo renunciado) cuando, tras la negativa a conceder la probation, protestaron airadamente, además de recurrir, contra la resolución por la cual se permitió acceder a la Cámara de Casación a los imputados aduaneros, patrocinados por un abogado conocido en el fuero Penal Tributario, que en definitiva es de ese fuero, y no se permitió lo mismo a los de Valentín, Claudio y Nelson. La única diferencia, aunque parezca mentira, era que aquéllos estaban en libertad y éstos no, con lo cual se dio un arbitrario e ilegal beneficio a los excarcelados por sobre los presos. En esto no va nada contra los funcionarios aduaneros, quienes tampoco tuvieron vinculación en estos hechos y siguen imputados después de más de cuatro años, aunque al menos están libres, y eso no es poca cosa. Pero ilustra claramente una concreta situación irregular. Para unos sí (patrocinados por un abogado amigo, con el cual no hay nada personal, pero se habla de una realidad), y para otros, por lo mismo, (abogados no amigos), no. Ello, sin importar los profesionales, provocó un perjuicio inmenso a los detenidos.

Esta admonición incluyó a la Defensora Oficial Ana Baldán, quien pese a que integra la familia judicial (lo que demostró en más de una ocasión en el debate oral apartándose de la obligatoria defensa que debía hacer de su cliente, para proteger a los colegas fiscales o jueces del fuero Penal Económico), osó irritarse frente a lo que se percibía como una grotesca ilegalidad y arbitrariedad del Juez Losada.

Además, Losada fue el que gestó las cuatro (4) sanciones que me impuso el TOPE por mi actividad defensora de un inocente. Sí, fueron cuatro sanciones, dos de las cuales fueron dejadas sin efecto por la Cámara de Casación Penal, y las otras dos se encuentran en trámite ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Una barbaridad desde cualquier punto de vista, porque osé también ponerle los puntos y decir las cosas como son y no como las quiso ver este pésimo magistrado que jugó impunemente con la libertad de personas inocentes.

El sistema se nutre de este tipo de personajes siniestros, que tras la fachada de honorabilidad, protege a un individuo propenso a mantener de cualquier forma, como una logia masónica, un estricto criterio preconceptual e intransigente con tal de mantener sus postulados e ideologías, que no se compadecen con las pruebas y elementos obrantes en los procesos.

La desesperación les agarra cuando alguien les hace frente con la verdad, lealtad a lo que se defiende y especialmente coraje, sin importar las consecuencias, y considerando –como es mi caso- a esas sanciones como premios –o medallas- a mi labor honesta y frontal de denunciar las irregularidades y la corrupción que gobernó este proceso.