Jurisprudencia. (Del lat. iuris prudentĭa). f. Ciencia del
derecho. || 2. Conjunto de las
sentencias de los tribunales, y doctrina que contienen.
|| 3. Criterio
sobre un problema jurídico establecido por una pluralidad de sentencias
concordes. (Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.)
Los jueces utilizan la jurisprudencia para fundamentar sus
decisiones en las resoluciones que dictan. Es decir, que cada uno de los
magistrados utiliza para respaldo de sus decisiones los criterios que ya
anteriormente otros colegas o incluso ellos mismos ya habían aplicado.
También utilizan el uso y conocimiento de
la jurisprudencia los abogados tanto
defensores como querellantes, los fiscales, los secretarios judiciales que le
suelen escribir las resoluciones a la mayoría de SS.SS.
Y hoy en día ya empezamos a ver como en
algunos medios de comunicación, también los periodistas –algunos pocos que
destacan sobre la burda mayoría- mencionan tal o cual jurisprudencia que hace a
tal o cual caso…
¿Y qué ocurre cuando algunos magistrados
tienen que resolver de forma contraria a lo que la jurisprudencia del caso les obliga?
Esta pregunta no debería de tener sentido
hacerla, pero lamentablemente es de obligado planteo, ya que en muchas
ocasiones nos encontramos con resoluciones contrarias a esa jurisprudencia recopilada durante años
y años.
Y como la pregunta desgraciadamente tiene
lugar, también la respuesta se hace presente: No fundamentan las resoluciones que chocan contra lo establecido por
esa jurisprudencia a la que dicen estar obligados a respetar.
Así de simple, descarado y concreto es la
verdad. Se burlan de lo que ellos mismos presentan para confirmar sus propias
decisiones.
Y se burlan omitiendo, ignorando o simplemente incluso en ocasiones
escribiendo argumentos que no guardan ni la más mínima relación con los hechos
planteados y por los cuales, estos llamados juristas están obligados a decidir
y dictar resoluciones.
En nuestra causa, la llamada Manzanas Blancas, tenemos un sinfín de
ejemplos que dan certeza a mis comentarios anteriores.
El valor de los libros que recogen la jurisprudencia es muy alto.
Expertos
editoriales y libreros se dedican a brindar a los profesionales del derecho
todo ese variado recopilatorio, que se actualiza anualmente teniendo en cuenta
los diversos fueros judiciales nacionales y también los internacionales.
Cuando hablamos del uso de esa jurisprudencia recopilada, hay que
entender que los privados tienen que afrontar los costos de estar actualizados
y conocedores así de las últimas aplicaciones dictadas. Pero cuando hablamos de
esos funcionarios judiciales –tan bien remunerados están en la Argentina- que
aquí denunciamos, nos encontramos con el costo CERO –económicamente hablando- y
de la “vagancia” o abandono que los hace a no leer lo que el propio
Sistema
Judicial les hace llegar continuamente a sus cómodos despachos de trabajo.
Podrá entender cualquier persona, que amén
de corruptos, arbitrarios e inescrupulosos, nos encontramos con la falta de
capacidad profesional más descarada que podría darse en unos profesionales que
tienen la potestad de poder encarcelar o excarcelar a cualquier otro semejante.
Supongo que todos ustedes recuerdan cómo
funcionaban los tribunales de la Santa Inquisición en los siglos medievales y
posteriores. Pues bien pueden estar seguros de que pocas diferencias se podrán
encontrar entre aquellos Tribunales Cristianos, y estos que ahora adornan con
tecnologías propias del siglo XXI las mismas miserias de seres despreciables
con cargos de jueces.
Podrán creer algunos que lean esta nota
que mis palabras exageran la realidad, pero les puedo asegurar que cuando
podamos presentar detalladamente todos y cada uno de los “abusos jurídicos” perpetrados por ya más de quince jueces y
asistentes, bien entenderán que mis palabras escritas son como arenas en una
playa de sucia.
Desconozco cuál es el camino correcto para
enfrentar realmente a este monstruo judicial que me retiene preso; pero
continúo insistiendo con el reclamo de la aplicación de esas leyes y de esa jurisprudencia que asegura que mi
situación de preso es ilegal, arbitraria y discriminatoria.
Valentín Temes Coto.
No hay comentarios:
Publicar un comentario